Modernos copistas

Vía: El Comercio Digital

Música y vídeos. Es lo que viene a la cabeza cuando se habla de piratería, copia, canon, descargas por internet... Sean o no para hacer negocio, sean copias privadas o el inicio de una cadena de comercialización fraudulenta, cuando pensamos en las aplicaciones de las nuevas tecnologías a la cultura, vemos notas y fotogramas. Hoy como hace cuatro años, cuando CD y DVD subieron de precio gracias a la tasa aplicada sobre los soportes de grabación, las copias suenan. En los oídos de todos, además, suenan a cifras de empleos y euros perdidos por la industria, claro; -en el caso de la piratería, hay una 'industria' alternativa que los encuentra- y si se trata del uso privado, monedas que permanecen en el propio bolsillo en vez de mudarse a otros. Se calculan en 1.700 puestos de trabajo directos y 500 millones de euros en tres años a principios de milenio en España. Sólo en el mercado de los discos y de las películas. Debido a la proliferación y uso -«mal uso», dice una parte de las muchas implicadas- de las nuevas tecnologías.

Pero, ¿qué pasa con los libros que hoy, como cada 23 de abril celebran su día? «Por el momento no se tienen cifras fiables sobre las consecuencias económicas para el sector editorial», reconoce Magdalena Vinent, directora general de Cedro -Centro Español de Derechos Reprográficos, o lo que es lo mismo, la asociación sin ánimo de lucro de autores y editores que se encarga de defender y gestionar de forma colectiva sus derechos de propiedad intelectual de tipo patrimonial (reproducción, transformación, comunicación pública y distribución)-. «Miles de libros» escaneados y difundidos sin permiso en internet es lo que se ha detectado.

Con lo que no se enfrentan autores y editores es con la réplica exacta en papel para su venta en la calle, como ocurre con discos y películas. En Latinoamérica sí prolifera en cambio esta modalidad. No hay más que recordar la salida al mercado de 'Memoria de mis putas tristes', del Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Antes de que la obra hubiera llegado a librerías, circulaban por las calles copias perfectas -al menos en el contenido- a un tercio de su precio de venta oficial. Hubo que adelantar la publicación para impedir que el mercado se saturara sin tener todavía el original en la calle.

Aquí lo que se lleva, aunque no existan cifras oficiales, es el pirateo editorial en la red. «Sabemos que hay una tendencia al alza en el uso indebido de las obras protegidas por los derechos de autor en internet». Es decir, en la forma de distribuir libros que se escapa del control habitual y que, para Cedro como para otras entidades del mismo tipo en los ámbitos del cine y la música, podría acabar con la cultura si no se protegen los derechos de creación. Algo con lo que no están de acuerdo otros de los implicados: las asociaciones y plataformas de usuarios de internet -los destinatarios últimos-, que defienden un acceso libre en la red para «democratizar» esa cultura. Abogan además por unas normas diferentes en la gestión de los contenidos virtuales a las que se aplican fuera del ciberespacio.

Internet y las nuevas tecnologías que permiten la copia -sea para uso individual o para su distribución: CDs, iPods, todo tipo sistemas de almacenamiento- han cambiado la manera de ver las cosas. Como dice el experto en leyes y en el mundo virtual Andrew L. Saphiro, autor de 'El mundo en un clic': «Internet es una inmensa máquina de copiado». Algo muy diferente a aquellas fotocopiadoras que tanto daño hicieron al sector editorial, en palabras de sus responsables. Algo más grande, más rápido, más barato, más autónomo, que permite realizar copias idénticas al original en un tiempo récord y distribuirlas de igual manera sin apenas coste.

Al menos para quien realiza el proceso, porque otra cosa es el coste que en teoría supone para el creador. «Es evidente que los avances tecnológicos de los últimos 25 años han revolucionado la industria y las distintas formas de difundir, acceder y reproducir los libros y las publicaciones impresas», explica Vinent. «Pero ello no implica que la democratización de la cultura tenga que hacerse a costa de los autores y editores y vulnerando la Ley de Propiedad Intelectual», prosigue. «Cualquier uso de una obra de creación es lícito únicamente si su titular de derechos lo ha autorizado».

Es lo que cuenta para, por ejemplo, las bibliotecas virtuales. Sus catálogos se nutren de obras cuyos derechos han expirado o de las cedidas por los autores. Las transacciones son individuales, autor por autor o editor por editor. Estas bibliotecas hacen mención explícita de la legalidad del contenido de sus páginas. Si no ocurre así, podemos estar ante una difusión fraudulenta de los libros.

«En España y la UE se tiene el marco legal adecuado para proteger los derechos de autor, pero existen varios factores que dificultan la labor de la Justicia en el cumplimiento de la ley», reconoce Vinent. La globalización, «el carácter evasivo de la red», es el mayor de ellos.

Lo que reclaman los usuarios y consumidores, por su parte, es una nueva forma de entender esa propiedad intelectual, que acompañe el avance indiscutible de las nuevas tecnologías, que no sea inamovible en un mundo, el del ciberespacio, en el que nada lo es. Es decir, esperan una lectura diferente de la que se hace cuando se habla de publicaciones en papel, aunque el contenido de las que aparecen en pantalla resulta ser el mismo. Vale que se trata de otro medio de difusión, pero por qué pagar por uno para el que, argumentan, no se ha incurrido en gasto alguno; podría entenderse que el autor ya ha cobrado por su propiedad cuando su obra ha sido llevada al papel. Habría que 'repensar' la propiedad intelectual en la red. Adecuar el negocio. ¿O no?

«No es posible creer que debemos pagar a las empresas tecnológicas que facilitan los medios materiales y no pagar a los creadores de los contenidos», rechaza la directora general de Cedro. Sería extraño pagar por el soporte y no por lo que éste soporta. «La compra de un ejemplar no da derecho a su reproducción indiscriminada en la red», prosigue. «Es posible que se produzca un cambio en el modelo de negocio y en la forma de explotar las obras, pero es evidente que siempre tendrá que remunerarse al autor y al productor si queremos que sigan creando y produciendo».

Y, sin embargo, es sobre eso sobre lo que los usuarios de la red de redes quieren que se debata. Opinan que reinterpretar esos derechos de creación redundaría en una mayor libertad de acción de la cultura. Que se podrían encontrar en las bibliotecas y en los archivos digitales obras que a nadie le interesa reeditar pero que tienen su público; que las piezas minoritarias o descatalogadas resurgirían; y que, en fin, los autores seguirían creando pese a todo, y además muchos nuevos creadores encontrarían su espacio en la red.

Mientras, la discusión ha pasado de largo este debate sobre si las obras deberían o no poder colgarse en internet de forma libre y se centra en el paso siguiente: en cuánto dinero va a cargarse sobre el precio de venta de las nuevas tecnologías. Podría entenderse como una manera de hacer frente al goteo de copias, sean para uso privado o para otros. Es lo que está ocurriendo con el famoso canon. Se aplica a la copia privada, pero los destinatarios últimos lo ven como una forma de atajar o al menos de encarecer cualquier copia. Eso exactamente piensan los miembros de la plataforma Todos contra el canon. Manifiestan «el rechazo a gravar los soportes, los equipos o redes y la tecnología en general con cánones, cuyos beneficiarios sean un sector económico o una actividad de intermediación específicos. Contraviene al interés general, ya que ello conlleva que cualquier colectivo o sector que se vea afectado por un cambio tecnológico pueda reclamar un canon similar sobre la tecnología que ha provocado este cambio, e impide el desarrollo de nuevos modelos de negocio».

«Internet propicia un cambio de modelo, con canales de distribución alternativos a los modelos tradicionales. Un canon no debe proteger un canal frente a otro, y la evolución al mundo digital desde el analógico debe permitir que la gestión de derechos pueda realizarse por otros métodos distintos», insisten.